En 2004, cuando la intentona de despojarnos de recursos naturales como la Bahía de las Águilas y ámbitos similares publiqué en el periódico Hoy, con la colaboración de Domingo Abréu, quien me ofreció su espacio en dicho medio, un artículo titulado «‘Hace 3000 años’. En defensa de las Áreas Protegidas Dominicanas».

Mi apología se centraba en el valor como registro paleoambiental que tienen muchas playas dominicanas, en especial la Bahía de las Águilas, por tratarse de un espacio con escasa o nula intervención. Dejo aquí el enlace de la publicación en PDF y transcribo el texto a continuación.

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“Hace 3,000 años”
En defensa de las Áreas Protegidas Dominicanas
Por José Ramón Martínez Batlle

A lo largo de las últimas semanas los habitualmente denominados por los medios de comunicación como conservacionistas han argumentado, con bastante precisión, el alto precio que pagaríamos las actuales y futuras generaciones si prosperan las enmiendas que muchos legisladores han introducido a la Ley Sectorial de Áreas Protegidas sometida en 2002 por el Poder Ejecutivo. Esta defensa se ha hecho en base a diversos criterios, entre otros: importancia de la biodiversidad, valoración intrínseca de los recursos naturales, valoración patrimonial y cultural de las áreas protegidas, entre otros. A pesar del alto nivel técnico de dichos argumentos, éstos no satisfacen ni la voracidad ni el ímpetu de la aplanadora con la que muchos de nuestros legisladores pretenden aprobar sus enmiendas. Pero ello no supone óbice para que, desde otros enfoques y con otros argumentos, sigamos defendiendo el proyecto de Ley original enviado por el Poder Ejecutivo en 2002, y en la medida de lo posible favorecer su mejora.

Esbozaré nuevos argumentos de carácter técnico y social con el interés de persuadir, si es que cabe, a nuestros legisladores, para que valoren positivamente el Proyecto sometido por el Poder Ejecutivo y sirva de reflexión a ellos y a la ciudadanía en general, sobre las enmiendas que se pretenden incorporar.

En primer lugar, citaré los aspectos técnicos que otorgan otros valores a los espacios que con tanta voracidad persiguen los especuladores y hoteleros. Cinco mil años antes de la fecha actual (3,000 Antes de Cristo) el nivel medio del mar en nuestra región alcanzó una cota superior al medio metro por encima del nivel medio actual. Hace 3,000 años (1,000 años Antes de Cristo), ese nivel comenzó a descender, dejando en buena parte del litoral dominicano, evidencias de dicho fenómeno como son las playas rocosas y las lumaquelas (depósitos conchíferos que se empastan en una matriz de carbonato de calcio en playas semi-cerradas) que existen en las costas de los Parques Nacionales del Este y Jaragua. Esto significa que hace 3,000 años, el paisaje litoral es tal y como lo conocemos hoy.

No se trata de un fenómeno aislado sino que es necesario recordar que en los últimos milenios se han detectado variaciones (aumentos y descensos leves) de dicho nivel medio. Pero no solamente esto, sino que durante los últimos siglos, se continúa detectando un balance neto de aumento del nivel del mar, y todavía sigue sin tenerse una idea completamente confirmada de lo que pasa en las últimas décadas. Pues bien, en numerosas ocasiones comentando pormenores similares, ha surgido la clásica pregunta de “¿para qué esta información?”, cuestión que es interesante responder brevemente: al menos para poder tener un criterio riguroso y empírico sobre el cómo y cuándo sería la repercusión en nuestro país de una variación del nivel del mar. Como puede entenderse, se trata información vital en los tiempos actuales en que uno de los problemas globales medioambientales surge del famoso Cambio Climático.

El Grupo Intergubenarmental de Expertos sobre el Cambio Climático, mejor conocido como IPCC por sus siglas en inglés, es una iniciativa internacional en 1998 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Tiene como objetivo evaluar sobre una base exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y socioeconómica sobre el cambio climático que se difunde a nivel mundial en artículos, publicaciones periódicas y libros refrendados por otros expertos en la materia, así como las prácticas tradicionales.

El Grupo de Expertos no realiza nuevas investigaciones, ni controla los datos relacionados con el clima, y por lo tanto únicamente revisa publicaciones ya realizadas relativas a casos de países o puntos concretos del planeta. Dichas publicaciones son aportaciones al conocimiento del clima desde un enfoque integrado con el océano y el mar. En este sentido, el Grupo revisa datos de mareógrafos para conocer el comportamiento del nivel del mar en los últimos cien años. También evalúa publicaciones sobre el registro paleo-ambiental, y utiliza las más relevantes aportaciones para alimentar modelos de evolución que vaticinan el comportamiento del nivel del mar a mediano y largo plazo. Dicho registro lo conocemos todos los que nos bañamos en las playas dominicanas: constituye el primer metro de sedimentos y depósitos (dunas de arena, playas rocosas, lumaquelas, etc) y que componen las playas de todo el litoral del Parque Nacional Jaragua o Del Este, únicas en todo el país que no han sufrido modificaciones o degradación costera. Han estado como tal desde hace unos 3,000 años y son las últimas “bibliotecas” que nos permitirán descifrar el pasado para vaticinar el futuro.

Hay un valor añadido sobre estos depósitos, dado que contienen indicadores geomorfológicos de huracanes/tsunamis a lo largo de esos últimos 3,000 años. Conocer sus repercusiones a nivel del litoral es nuevamente vital para mitigar efectos negativos en el futuro.

Del dominio tropical los estudios sobre estos registros paleo-ambientales son poco frecuentes; de la América tropical son más escasos, y del Mar Caribe se conocen apenas tímidamente estudios del ámbito continental. En República Dominicana no se ha trabajado todavía sistemáticamente este registro en los Parques Nacionales Jaragua y Del Este. Si se emplazan los pretendidos hoteles, perderíamos la última oportunidad de estudiar un registro intacto sobre la evolución del nivel medio del mar en el litoral dominicano. Ni los dominicanos, ni los caribeños, ni los americanos (nosotros), ni el IPCC, ni el mundo, conocerán esta referencia, todo porque un grupo de especuladores y hoteleros les dio la gana de destruir esas playas en nombre de un cacareado desarrollo que nunca repercute sobre las comunidades a las que dicen beneficiar. Además, los hoteleros que lo emprendan se estarían “clavando su propio cuchillo”, porque ellos contribuirán al desconocimiento de un proceso natural que podría afectarles en un futuro cercano. Con ello no quiere decirse que no exista nada que hacer, sino que insistimos en recordar que existen otros tipos de actividades turísticas, como por ejemplo el turismo de naturaleza o el ecoturismo, compatibles con la permanencia de estos registros. En pocas palabras, podemos disfrutar del recurso, sin necesidad de esquilmarlo.

Es necesario recalcar que las conclusiones de los trabajos que publica el IPCC no son para alimentar las ansias legítimas de conocimiento de los científicos, sino para apoyar a los gobiernos de los países a trazar políticas que mitiguen los impactos del cambio climático y de sus posibles repercusiones en el nivel medio del mar. Muchos de los países que valoran estas aportaciones implementan las medidas de mitigación que se recomiendan, pues con tal finalidad se gastan importantes sumas para contratar a los más sabios del mundo en la materia. Esta es una razón suficientemente política como para pensarse dos veces la aprobación de esas enmiendas.

El segundo argumento es social. Se ha aludido que las comunidades u organizaciones de la sociedad civil (nunca se nos dice cuales) apoyan decididamente la iniciativa de excluir espacios concretos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, particularmente playas, para que en ellos se desarrollen los grandes complejos hoteleros mencionados, y de esa forma se creen nuevos puestos de trabajo (desconozco hasta qué punto dejar de sembrar plátanos para limpiar baños es desarrollo, aparte de que la experiencia indica que el grueso del personal de los hoteles nunca procede de las comunidades aledañas). De las experiencias personales observadas en el terreno, en regiones o provincias donde se han desarrollado grandes complejos hoteleros, la constante es siempre la misma: alto nivel de degradación social, escasa repartición de las riquezas generadas en la localidad, alto nivel de exclusión económica, degradación de los recursos naturales básicos utilizados por la comunidad, lo que induce problemas sociales, entre otros.

En definitiva, como siempre las decisiones de política económica que utilizan los recursos naturales como soporte, deben analizarse de forma balanceada: en un platillo de la balanza las inversiones y los posibles beneficios; pero en el otro tiene que echarse el valor que se le asigna a la naturaleza, sus recursos y los servicios ambientales que ella genera. ¿O es que se piensa que la naturaleza dominicana no tiene valor alguno?

Debe llamarse la atención de la ciudadanía y de nuestros legisladores sobre este intento por esquilmar los recursos. Pero somos también defensores de que el país merece esa inversión extranjera, que hacen falta más hoteles, que debe aumentar el flujo de turistas muy por encima de los 2 millones, porque somos conocedores de la utilidad de esas divisas. Pero destruir los recursos naturales es un arma de doble filo, porque playas hay muchas en el mundo, y especialmente en el Caribe. Los turistas que explotan esa oportunidad recreativa les da igual satisfacerla en el Caribe, en el Oceáno Pacífico o en el Índico. Pero no les es indiferente la oferta ecoturística original, propia de un país con unos recursos especiales y una forma particular de ponerlos en valor; ese aspecto es suficiente razón para un turista elegir un destino determinado. Las particularidades de República Dominicana son únicas, y tanto sus playas como sus montañas pueden ser puestas en valor de forma original, sin mermar su estado ambiental, fortaleciendo así el país como destino.

Por todo ello, recalco mi oposición firme a las enmiendas introducidas por el Congreso al Proyecto de Ley Sectorial de Áreas Protegidas, y por contra reivindico con la misma firmeza el alto valor técnico y el compromiso inter-generacional contenido en la propuesta original enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso en 2002. No hay espacio para discutir los errores de estilo y cartográficos que contiene el documento de enmiendas aprobado al vapor tanto en el Senado como en la Cámara Baja (en primera lectura). Estos ya han sido suficientemente explicados a nuestros legisladores en distintas sesiones y son motivo suficiente para detener su aprobación.

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Dr. José Ramón Martínez Batlle (Ph.D)